El exministro Ábalos cumple condena, pero su cómplice sale impune en un fallo que desata la ira política
Madrid, 15 de julio. El Tribunal Supremo no ha dejado resquicio para la duda: José Luis Ábalos pasará más de dos décadas entre rejas por corrupción. Pero el verdadero escándalo no está en su condena —previsible tras años de investigación—, sino en cómo Víctor de Aldama, cerebro de la trama, ha logrado zafarse de la cárcel y de la multa millonaria que pesaba sobre él. El fallo, publicado esta mañana, confirma lo que muchos temían: el sistema castiga a los peones, pero a veces perdona a los reyes.
La sentencia, de 187 páginas, detalla cómo Aldama y su asesor Koldo García orquestaron el saqueo de fondos públicos durante la pandemia. Contratos inflados, sobornos encubiertos y una red de empresas fantasma que facturaron millones por mascarillas que nunca llegaron —o lo hicieron en condiciones ruinosas—. El Supremo no solo acredita su participación, sino que la califica de "activa y determinante". Y sin embargo, ahí sigue Aldama, libre, mientras Ábalos asume el peso de una condena que, en la práctica, es la suya y la de todo un partido.
El Gobierno de Pedro Sánchez lleva meses repitiendo el mismo mantra: "transparencia y legalidad". Pero el fallo del Supremo ha dinamitado esa narrativa. No hay cortafuegos que valga cuando los hechos son tan contundentes. El PSOE intentó vender la expulsión de Ábalos como un gesto de limpieza, pero la sentencia deja claro que el problema no era un hombre, sino un sistema. Y ese sistema sigue intacto.
La indignación en la oposición ha sido inmediata. Desde el PP hasta Vox, pasando por partidos minoritarios, todos coinciden en un diagnóstico: "Esto es la prueba de que la corrupción en el PSOE no era un caso aislado, sino una práctica institucionalizada". Las redes sociales, por su parte, han ardido con memes que comparan a Aldama con un mago escapando de la cárcel y a Ábalos como el chivo expiatorio perfecto. "Flipas con la justicia española", tuiteaba un usuario anónimo esta mañana. No le falta razón.
Pero el daño va más allá de los memes. El caso Mascarillas ha sido el talón de Aquiles del PSOE en cada campaña electoral desde 2020. El partido intentó presentarse como el adalid de la regeneración democrática, pero cada vez que Ábalos abría la boca —o cada vez que un juez dictaba una nueva resolución—, esa imagen se resquebrajaba. Ahora, con la sentencia definitiva, la credibilidad del Gobierno pende de un hilo. ¿Cómo explicar que el hombre que diseñó la trama siga en libertad mientras el exministro paga por todos?
El Supremo, en su fallo, no entra en valoraciones políticas. Pero no hace falta. Las preguntas ya están sobre la mesa: ¿Por qué Aldama no pisará la cárcel? ¿Qué mecanismos fallaron para que un funcionario pudiera desviar millones sin consecuencias? Y, sobre todo, ¿qué hará el Gobierno para evitar que esto se repita? Hasta ahora, la respuesta ha sido el silencio. O peor: la negación.
Lo más irónico del caso es que, en teoría, la justicia ha cumplido su papel. Ábalos está condenado, Aldama declarado culpable. Pero la sensación que queda es la de un sistema judicial que, aunque firme, no siempre es justo. Porque la corrupción no se combate solo con sentencias, sino con reformas reales. Y de eso, de momento, no hay ni rastro.
Mientras tanto, el PSOE se enfrenta a su peor crisis de imagen en años. No es solo que uno de los suyos haya caído —es que el fallo ha dejado al descubierto las costuras de un partido que, una y otra vez, promete limpieza pero sigue protegiendo a los suyos. La pregunta ahora es si los votantes le darán otra oportunidad. O si, esta vez, la sentencia del Supremo habrá sido el golpe definitivo.
