El Tribunal Supremo ha publicado la sentencia que ratifica la condena de José Luis Ábalos a más de 24 años de cárcel por corrupción en el llamado caso Mascarillas. En el mismo fallo, el juez ha acreditado la participación de Víctor de Aldama y su asesor Koldo García en las prácticas ilícitas, lo que ha culminado en la declaración de Aldama como corruptor.

La decisión llega en un momento de creciente presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha intentado aislar a Ábalos y a sus cómplices bajo la acusación de “transparencia y legalidad”. Sin embargo, el fallo del Tribunal Supremo pone fin a la narrativa de que el exministro y su círculo operativo permanecían exentos de responsabilidad.

La sentencia también establece que Aldama escapa de la cárcel y de la multa millonaria que se había previsto, lo que ha generado indignación entre los partidos de la oposición y críticas por parte de la ciudadanía. Según la propia publicación judicial, el exceso de culpabilidad de Aldama se debe a su participación activa en la gestión de contratos públicos relacionados con la compra de mascarillas durante la pandemia.

El caso ha sido una pieza central en la campaña electoral del 2023, donde el PSOE ha intentado presentarse como un partido de reformas y limpieza. La sentencia ha puesto a prueba la credibilidad de esa promesa, especialmente cuando el propio partido ha defendido su “cortafuegos” con Ábalos y ha intentado minimizar las repercusiones de la condena.

Este desenlace no solo afecta a las figuras directamente implicadas, sino que también plantea interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de control interno en los ministerios de transporte y de organización. ¿Qué medidas se implementarán para evitar que situaciones similares se repitan? La respuesta queda a la espera de la respuesta del Gobierno y del propio PSOE.

En el contexto político actual, el fallo del Tribunal Supremo también sirve como recordatorio de que las figuras públicas, independientemente de su cargo, están sujetas a la ley. La conclusión de la sentencia, con la condena de Ábalos y la liberación de Aldama, deja una imagen compleja: el sistema judicial sigue siendo un árbitro firme, pero la política se ve obligada a adaptarse a nuevas realidades y a gestionar la confianza pública de manera más transparente.