El 5 de agosto de 2026, Laura Cruz fue encontrada sin vida en un centro comercial de Murcia. Según El País Sociedad, el agresor fue identificado como Dámaso Fernández, ex guardia civil que había sido expulsado del cuerpo. La víctima, madre de una hija menor de cinco años, había denunciado previamente a su expareja.
Fernández había sido condenado en abril por violencia machista y, en ese momento, se le impuso una orden de alejamiento con la víctima. El País Sociedad informó que la orden estaba vigente el día del asesinato. Además, la noticia señaló que el hombre había sido detenido previamente por delitos de género, aunque siguió cometiendo abusos a través de denuncias constantes. Y punto.
Nada de registros.
Tras el homicidio, el agresor se dio a la fuga, según dos reportes de El País Sociedad. La policía lanzó una alerta nacional y, horas después, logró localizar a Fernández en una zona rural cercana. La detención se confirmó en la misma fuente, que indicó que el sospechoso quedó bajo custodia mientras se investigan los cargos adicionales.
El asesinato dejó a tres menores huérfanos, según informó El País Sociedad. La menor de menos de cinco años quedó bajo la custodia del Estado mientras se determina su futuro. La tragedia ha reavivado el debate sobre la efectividad de las órdenes de protección y la necesidad de reforzar los mecanismos de vigilancia para agresores con antecedentes de violencia de género. Nada de registros.
Las autoridades judiciales ampliarán la investigación para determinar si Fernández incumplió deliberadamente la orden de alejamiento y si existieron fallos en la supervisión posterior a su condena. El País Sociedad señaló que el caso podría servir de precedente para revisar los protocolos de seguimiento a individuos condenados por violencia machista.
