Abelardo de la Espriella juró el cargo como nuevo presidente de Colombia, sucediendo al izquierdista Gustavo Petro, en una ceremonia de investidura. Que consolidó el giro del país hacia la derecha y que estuvo acompañada por líderes internacionales como el rey Felipe VI de España y el mandatario argentino Javier Milei. En su discurso inaugural, De la Espriella proclamó el fin de las negociaciones con los grupos armados ilegales y prometió una lucha frontal. Y sin concesiones contra lo que denominó el "narcoterrorismo", fundamentada en políticas de mano dura, fumigación de cultivos ilícitos y la proyección de megacárceles de alta seguridad.

Como primera medida de su administración en materia de orden público, el nuevo Gobierno ordenó el traslado inmediato de 117 presos de alto perfil, previamente vinculados a los procesos de la denominada 'paz total' de la administración anterior, hacia pabellones de máxima seguridad. Entre los reclusos trasladados figuran conocidos cabecillas como alias 'Carlos Pesebre', 'Douglas' y 'El Indio'. La medida, de acuerdo con fuentes locales, generó alertas por parte de autoridades regionales sobre un posible reacomodo de las estructuras criminales en las regiones de origen de los detenidos. ¿Tan difícil era?

Así de simple.

Paralelamente, el mandatario reportó el primer golpe de impacto de su gestión con la captura en el departamento del Meta de alias 'Boni' o 'Bonito', señalado como el segundo cabecilla de la organización criminal 'Comandos de Frontera'. De la Espriella advirtió a las organizaciones criminales que "se les acabó" la impunidad bajo su mandato. Asimismo, se confirmó el nombramiento del especialista en derecho tributario Andrés Felipe Velásquez como nuevo director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

La toma de posesión presidencial se vio empañada por una serie de acciones violentas en distintas regiones del país, atribuidas por las autoridades a grupos guerrilleros. Entre los incidentes reportados, un ataque perpetrado con artefactos explosivos lanzados desde drones contra una estación de policía en el departamento del Cesar causó la muerte de un uniformado. Asimismo, se registró la destrucción de una caseta de peaje mediante el uso de explosivos en Mondomo, Cauca, sumando un total de cuatro ataques con explosivos durante las primeras horas del nuevo mandato. Así de simple.

Ante estos hechos, el presidente De la Espriella rechazó de manera tajante los atentados y declaró. Que "Colombia no se arrodillará ante el terrorismo", ratificando su política de tolerancia cero frente a la delincuencia y la protesta social violenta. El procurador general de la nación, Antonio Eljach, se sumó a las condenas públicas y exigió celeridad a los organismos de investigación para esclarecer los ataques y capturar a los responsables.

Así de simple.

En el plano exterior, el gobierno de De la Espriella comenzó una redefinición inmediata de sus alianzas diplomáticas. El Gobierno de los Estados Unidos anunció la intención de destinar un paquete de asistencia en seguridad de 1.000 millones de dólares. Para apoyar los programas de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado del nuevo Ejecutivo colombiano. Este respaldo financiero coincide con un estrecho alineamiento de Bogotá con la agenda de Washington.

Como parte de esta nueva orientación diplomática, Colombia modificó formalmente su postura histórica sobre el conflicto del norte de África al reconocer la soberanía del Reino de Marruecos sobre el territorio del Sáhara Occidental, una decisión que provocó la condena inmediata del Frente Polisario. Fuentes diplomáticas señalan además que el nuevo gobierno evalúa el cierre de 14 embajadas en el exterior. Para optimizar recursos y adecuar su representación a las nuevas prioridades de la política exterior colombiana.