La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de captura contra el expresidente Evo Morales, según informaron medios como Reforma y El País. La medida se basa en la investigación de hechos ocurridos durante las protestas de mayo y junio, que incluyeron bloqueos que paralizaron el país.

Caracol Radio detalló que los cargos contra Morales comprenden terrorismo y alzamiento armado. La acusación se sustenta en la presunta participación del exmandatario en la organización y estímulo de las movilizaciones que derivaron en los bloqueos.

El expresidente, citado por El Universal, respondió que “no nos van a intimidar” y calificó la orden de captura como un intento de presión política. En declaraciones recogidas por El Tiempo, Morales negó los cargos y sostuvo que la medida carece de fundamento legal.

La decisión de la Fiscalía ha generado diversas reacciones entre sectores políticos y sociales. Algunas voces afirman que la medida busca responsabilizar a los líderes de la protesta, mientras que otras la perciben como una estrategia para silenciar a la oposición.

Las protestas de mayo y junio se caracterizaron por bloqueos de carreteras y otras infraestructuras, lo que provocó la paralización de actividades económicas y sociales en varias regiones. Según los reportes de El Economista, la Fiscalía consideró estos hechos como un agravante para los delitos de terrorismo y alzamiento armado.

Si la orden de captura se mantiene, el proceso judicial podría avanzar hacia una audiencia de presentación de pruebas, tal como indica la práctica habitual de la Fiscalía boliviana. La falta de cumplimiento de la orden podría derivar en medidas de fuerza para ejecutar la aprehensión, según lo señalado por fuentes judiciales citadas en los medios.

La Fiscalía de Bolivia había iniciado una investigación preliminar tras los disturbios de mayo y junio, según informaron varios medios, entre ellos El Financiero y El Economista. La investigación buscaba determinar la responsabilidad de los dirigentes políticos en los actos de bloqueo que afectaron el suministro de combustibles y mercancías.

La orden de captura ha reavivado el debate sobre la independencia del poder judicial y la posible politización de los procesos judiciales en Bolivia. Observadores citados por El Universal y El País señalaron que el caso podría influir en la relación entre el gobierno actual y los sectores que apoyan a Morales.

El desarrollo del caso dependerá de la capacidad de la Fiscalía para sustentar los cargos con pruebas concretas y de la respuesta de los tribunales ante la orden de aprehensión. La evolución del proceso será observada de cerca por la ciudadanía y los analistas políticos.