Lima respira con el pulso acelerado. A menos de tres semanas del balotaje, Antauro Humala —el hermano menor del expresidente Ollanta, con un 22% de los votos en primera vuelta— y Roberto Sánchez —el candidato que arañó el 28%— se disputan una presidencia que nadie parece querer del todo. El país arrastra cuatro años de inestabilidad, una economía que se resiste a despegar y un Congreso tan fragmentado que hasta los propios legisladores bromean con que necesitan intérpretes para entenderse entre bancadas. Esta vez, sin embargo, el escenario es distinto: no hay margen para errores.
Denuncias que huelen a pólvora
La campaña de segunda vuelta arrancó con un misil judicial: el procurador general presentó una denuncia penal contra Pedro Castillo por "conspiración para desestabilizar el proceso electoral". El equipo de Sánchez no tardó en responder. "Ridículo", soltó un portavoz, mientras acusaba al sistema judicial de moverse al ritmo de los intereses del establishment. No es la primera vez que la justicia peruana entra en escena como un actor más de la política, pero esta vez el timing es impecable: justo cuando los candidatos empiezan a medirse en debates.
Y como si el guión lo hubiera escrito un mal dramaturgo, Paloma Valencia —la candidata que quedó tercera con un 18%— soltó la bomba de los vínculos entre el bufete de De la Espriella y Alex Saab, el empresario venezolano al que EE.UU. Acusa de lavado de dinero y que Maduro convirtió en diplomático para esquivar la justicia estadounidense. Según El Comercio y RPP, el bufete representó a empresas ligadas a Saab entre 2014 y 2016. No es un detalle menor: De la Espriella ha sido asesor cercano de Sánchez en temas legales. El candidato, por ahora, guarda silencio.
La economía: el fantasma que no se va
Perú creció un 2,8% en 2025. Suena a cifra, pero en realidad es un suspiro. Hace una década, el país cabalgaba a ritmos del 5% o 6%. Ahora, la inversión privada lleva cuatro años en caída libre, y el Banco Central de Reserva advierte que el sector minero —el 11% del PIB— ha recortado su inversión un 15% desde 2022. La razón no es un misterio: la inestabilidad política ahuyenta a los capitales.
Los dos candidatos ofrecen recetas opuestas. Humala, con su discurso etnocacerista —mezcla de indigenismo y nostalgia militar—, promete un Estado más intervencionista en recursos naturales: gas, minería, agua. Sánchez, en cambio, apuesta por la seguridad jurídica para atraer inversión extranjera. "Perú no puede seguir siendo un país donde los contratos se firman con una mano y se rompen con la otra", dijo en un mitin en Arequipa. Pero con un Congreso donde ninguna fuerza supera el 20% de escaños, cualquier reforma será un parto.
¿Qué pasa si gana cada uno?
Si Humala se impone, Perú tendrá su primer presidente etnocacerista. Su movimiento, que combina reivindicación indígena con un discurso de orden castrense, rechaza los tratados de libre comercio y promete revisar contratos con multinacionales. No es un detalle menor: el país depende en un 60% de las exportaciones mineras. "No vamos a echar a las empresas, pero tampoco vamos a regalar el país", repite en cada acto. Sus críticos, sin embargo, ven en su propuesta un salto al vacío: menos inversión, más conflicto social.
Sánchez, por su parte, heredaría un país con cuatro presidentes en cinco años y un Congreso que parece una torre de Babel. Su promesa de estabilidad jurídica choca con una realidad incómoda: en Perú, los gobiernos duran lo que tarda en estallar el próximo escándalo. "No es lo mismo gobernar con un Parlamento dividido que con uno en contra", admite un asesor cercano al candidato. Y en este caso, el Parlamento está más dividido que nunca.
Lo cierto es que, gane quien gane, el próximo presidente tendrá que lidiar con una economía que no levanta cabeza, una población harta de promesas incumplidas y un sistema político que parece diseñado para el caos. La pregunta no es quién gobernará mejor, sino quién sobrevivirá.
