La muerte de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que falleció poco después de ser desalojada de su vivienda en Madrid, ha irrumpido. Con fuerza en la precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre (29-N). El suceso ha desencadenado una ola de protestas masivas en todo el país y ha monopolizado el debate político, alterando los planes de las distintas formaciones ante la cita con las urnas. Medios de comunicación y analistas coinciden en señalar que el fallecimiento de Abascal ha situado la crisis habitacional en el centro de la agenda pública, condicionando los discursos de los candidatos y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La indignación social por el desalojo se tradujo en una manifestación que reunió a 20.000 personas en las calles de Madrid, según los reportes de las movilizaciones convocadas en memoria de la fallecida y en defensa del derecho a una vivienda digna. La protesta se ha replicado con diferentes muestras de rechazo en el resto de España. Al día siguiente de la marcha, la conmoción se trasladó al ámbito laboral, donde los centros de trabajo guardaron un minuto de silencio en memoria de Abascal, un acto de homenaje que refleja el impacto transversal del suceso en la sociedad civil. Y eso se nota.
Sin rodeos.
La figura de Maricarmen Abascal se ha convertido, a raíz de estos acontecimientos, en un símbolo de la lucha de los inquilinos que reclaman el acceso a una vivienda digna en España. La gravedad del caso y la rápida propagación de las protestas han puesto en jaque al Gobierno liderado por Pedro Sánchez. Que se enfrenta a duras críticas por la gestión de la problemática habitacional y la vulnerabilidad de las personas mayores ante los desahucios. Diversos sectores políticos y sociales han calificado la situación de emergencia social, mientras el Ejecutivo se ve obligado a reaccionar en plena carrera electoral.
El fallecimiento de la mujer ha generado lecturas encontradas y una intensa polarización en el panorama mediático y político. Mientras algunos sectores describen la indignación popular como una movilización necesaria contra la precariedad, otros análisis apuntan a un uso instrumental del suceso en el contexto electoral, calificando la situación de salto temerario. Por una ventana de oportunidad política o tildando de indecencia la agitación en torno a la tragedia. Entretanto, las autoridades han anunciado que llevarán a cabo una revisión de las políticas de vivienda vigentes. Aunque por el momento no se han hecho públicos los detalles ni las medidas concretas que se adoptarán para evitar nuevos casos similares.
