Un joven de 19 años llega al centro de salud con una ansiedad que le impide dormir; la única respuesta que recibe es una receta de antidepresivos y la indicación de que la terapia psicológica “solo está disponible para casos graves”. Esa escena, cada vez más frecuente en la agenda sanitaria, resume el dilema que ha reavivado el debate sobre la salud mental en España.

El problema de base: la ratio de psicólogos

Según la OCDE y la OMS, España ocupa uno de los últimos puestos en Europa occidental en cuanto a psicólogos clínicos por habitante. La mayoría de ellos trabaja en el ámbito privado, donde una sesión cuesta entre 60 y 120 €, un precio que muchos ciudadanos no pueden asumir.

En la sanidad pública, la regla sigue siendo estricta: solo los pacientes con diagnósticos de trastornos mentales graves acceden a la intervención psicológica. Las quejas por ansiedad ligera, duelo, problemas de adaptación o crisis breves quedan fuera de la cobertura y, en la práctica, el paciente termina viendo al psiquiatra para recibir medicación, mientras la terapia psicológica permanece inaccesible.

La vía PIR: el cuello de botella de la formación

El Psicólogo Interno Residente (PIR) constituye la única ruta oficial de especialización en Psicología Clínica. Cada año se convocan farolas de plazas PIR, muy por debajo del número de licenciados en Psicología. El resultado es una escasez de profesionales con la titulación requerida para incorporarse al sistema público, creando un cuello de botella que perpetúa la falta de cobertura.

Las iniciativas en debate

Recientemente, varias comunidades autónomas han lanzado programas piloto de atención psicológica a corto plazo en sus centros de salud. La discusión gira en torno a si la estrategia debe centrarse en intervenciones breves y estandarizadas o en psicoterapia de mayor duración. No existe una respuesta clara; el cruce entre la técnica y la política sigue abierto.

En mi opinión, la nueva Ley de Salud Mental, que permite tratamiento psicológico sin diagnóstico previo, es una jugada que mola y que podría romper el actual patrón de exclusión. Si bien la normativa es un paso adelante, la verdadera prueba será la capacidad de los servicios públicos para absorber la demanda y ofrecer una atención de calidad a todos los ciudadanos.