La salud mental ha pasado de ser un tema tabú a ocupar el centro del debate sanitario y político en España. La pandemia de COVID-19 agravó los indicadores de ansiedad, depresión y soledad en la población, especialmente entre los jóvenes, y visibilizó una brecha estructural: la escasez de psicólogos en la sanidad pública.
El problema de base: la ratio de psicólogos
España tiene una de las ratios más bajas de psicólogos clínicos por habitante entre los países de Europa occidental, según datos de la OCDE y la OMS. La mayoría de profesionales ejercen en el sector privado, con tarifas de sesión que oscilan entre los 60 y los 120 euros, inaccesibles para gran parte de la población.
En el sistema público, los psicólogos clínicos solo atienden a pacientes con diagnósticos de trastornos mentales graves. Las demandas por ansiedad leve, duelo, problemas adaptativos o situaciones de crisis quedan fuera de la cobertura pública, lo que lleva a muchos pacientes directamente al psiquiatra (para medicación) en lugar de a terapia psicológica.
La vía PIR: el cuello de botella de la formación
El Psicólogo Interno Residente (PIR) es la vía oficial de especialización en Psicología Clínica en España. El número de plazas PIR convocadas cada año es muy inferior al número de graduados en Psicología, lo que crea un cuello de botella estructural: hay muchos profesionales con titulación pero pocos con la especialización necesaria para ejercer en el sistema público.
Las iniciativas en debate
En los últimos años han surgido propuestas políticas para ampliar la cobertura pública de atención psicológica. Algunas comunidades autónomas han puesto en marcha programas piloto de atención a corto plazo en centros de salud. El debate sobre si el modelo debe orientarse a la atención breve y protocolarizada o a la psicoterapia de mayor duración es técnico y político a la vez, y no tiene respuesta única ni consensuada entre los profesionales del sector.
