El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones económicas contra la Corte Penal Internacional (CPI) el 13 de octubre, horas después de que la exjueza Navi Pillay recibiera el Premio Nobel de la Paz. El decreto incluye restricciones a las instituciones vinculadas a la CPI y a sus funcionarios.
Según la agencia de noticias DW.com, la medida llega tras la declaración de Trump sobre el tribunal, que calificó de "desmontar ladrillo a ladrillo" la CPI. La sanción se aplica a cualquier entidad que colabore con la CPI en Estados Unidos.
Japón expresó su preocupación por las sanciones estadounidenses. La embajada japonesa en Washington afirmó que las medidas podrían debilitar la justicia internacional. La declaración se publicó el mismo día en la página oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La Corte Penal Internacional, establecida en 2002, tiene como objetivo juzgar a personas por crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad. Desde su creación, ha enfrentado críticas y apoyo de diferentes gobiernos.
Las sanciones pueden afectar la cooperación internacional en materia de justicia penal. La CPI ha señalado que las medidas podrían dificultar la recaudación de fondos y la colaboración técnica con Estados Unidos.
Los analistas internacionales consideran que la sanción es una respuesta directa al premio de Pillay, quien ha sido una defensora de la justicia internacional. La medida también refleja la postura de Estados Unidos de que la CPI debe cumplir con estándares más rigurosos.
