El Ayuntamiento de Barcelona aprobó con los votos de BComú, PSC y ERC la prohibición de nuevas licencias de apartamentos turísticos en los once barrios del centro histórico de la ciudad: Gòtic, Raval, Born, Barceloneta, Gràcia, Eixample, Poblenou, Sant Antoni, Les Corts, Sarrià y Horta. La medida es la más radical adoptada por una capital europea para combatir la gentrificación turística.

Los propietarios de las 10.300 licencias actuales podrán seguir operando hasta su vencimiento —normalmente en 5 años— pero no renovarlas. El objetivo es liberar gradualmente miles de pisos para el mercado residencial. El alquiler en Barcelona superó los 22 euros/m² en el centro en 2025, convirtiendo a la ciudad en la segunda más cara de España tras Madrid para el alquiler de vivienda.

La medida ha generado polémica: los propietarios y plataformas como Airbnb la consideran una expropiación encubierta y anuncian recursos judiciales. Los vecinos de los barrios afectados celebran la decisión. El modelo Barcelona podría servir de referencia para otras ciudades turísticas españolas como Málaga, Palma de Mallorca y San Sebastián, que estudian medidas similares.